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Los recientes acontecimientos escabrosos relativos a la vida íntima de un funcionario público discutido en la Asamblea Nacional, es una realidad debatida con las características propias de aspectos tan emblemáticos para el gentilicio venezolano. En verdad no somos un pueblo pacato a la hora de abordar la convivencia conyugal o diversidad sexual de los gobernantes y personajes de la esfera pública. En cada rincón del planeta se leen, escuchan y observan suficiente mediática de artistas y políticos sin ningún tapujo ni morbo; es uno de los dilemas complejos de estos tiempos de la información globalizada, la farándula, el cine, la tv y las redes sociales. Lo cierto, es imperativo que cualquier político o funcionario en el ejercicio de gobierno o poder público tiene que evidenciar conductas transparentes relativas a su vida privada y ser objeto del escrutinio en todos los asuntos que les concierne a sus conciudadanos. Quienes asumen las altas responsabilidades de la gobernabilidad, la política y la administración de los bienes públicos y sociales tienen códigos éticos, morales y legales bien definidos de la rectitud y ética ciudadana. Utilizar dinero del erario nacional o regional para fiestas privadas y de libre orientación sexual es absolutamente cuestionable. Es contradictorio que un político o funcionario que ejerce un mandato popular pretenda invocar su derecho a una vida privada e intima si confunde estas situaciones, más allá del poder que ostenta y su responsabilidad de Estado con los gobernados. En la sociedad venezolana se reconoce los derechos y garantías al libre desenvolvimiento de la personalidad y la igualdad de género; asimismo se protege constitucionalmente cualquier intento de discriminar la dignidad humana por razones fundadas a la orientación sexual. El Estado venezolano no es homofóbico y acoge las manifestaciones de toda índole privada o íntima de sus habitantes en el ejercicio público de sus derechos. No obstante, la Constitución obliga al Estado y a la Asamblea Nacional investigar todas las violaciones de cualquier funcionario o ciudadano corrompa la ética de la administración pública. Ninguna persona podrá ampararse en su legítima orientación sexual para conducirse criminalmente ante la sociedad, menos si ocupa y carga la sagrada exigencia de servir a la ciudadanía como funcionario público. Ocultar estas realidades se constituye una potencial amenaza al Estado de Derecho y de Justicia, a la democracia y a la moral del pueblo venezolano; eso es una responsabilidad primerísima de la Asamblea Nacional que no dejaremos de ejercerla y exigirle a los demás poderes públicos competentes actuar en consecuencia. En absoluto, no es contradictoria la intimidad, la privacidad y toda posibilidad de la orientación sexual, con las libertades públicas, transparencia conductual y administrativa que tienen que mostrar los ciudadanos que ejercen el estamento político y gubernamental de Venezuela. Venceremos.